Raíces y sombras

La activista cannábica Alicia Castilla.

«La regulación de la marihuana en Uruguay es una traición a las reivindicaciones del movimiento cannábico. Se han perdido derechos conquistados a cambio de 40 gramos al mes».

Alicia Castilla, activista cannábica

Innovador y aplaudido por voces reconocidas a escala internacional, el proceso de regulación de la marihuana en Uruguay despierta recelos entre algunos activistas cannábicos. Para muchos de ellos, resulta sospechoso el interés de las grandes potencias por apoyar una legislación que consideran sumamente restrictiva. Los últimos mensajes gubernamentales, a veces confusos e incluso contradictorios, alimentan las sombras en torno al naciente proceso, que las voces más críticas vigilan con lupa.

«Tal y como está hoy, la ley de la marihuana en Uruguay es impracticable«. Una afirmación rotunda que sale de la boca de la activista cannábica argentina Alicia Castilla. En su contundente manera de hablar se adivinan los años dedicados a la lucha por la liberalización de las drogas, los estudios que la llevaron a publicar la considerada como «Biblia» del movimiento cannábico y la persecución a la que se ha enfrentado. En 2011, Alicia fue encarcelada durante tres meses en una cárcel uruguaya por posesión de drogas. Tenía 66 años, y en su casa había cerca de 30 plantines de marihuana.

A pesar de que la nueva ley ya lleva en vigor varios meses, Alicia advierte de que «no ha habido cambios» para quienes mantienen condenas pendientes en relación con la tenencia de marihuana. El proceso de regulación del cannabis, a su juicio, ha estado plagado de lagunas y continúa aún envuelto en la bruma y lastrado por la improvisación del Gobierno uruguayo.

«Las decisiones se han tomado al margen de los usuarios y con un absoluto desconocimiento de la sustancia y de sus efectos. Las voluntades no han sido consultadas. La ley esconde algo muy oscuro, un interés que no es el que se ha proclamado», asegura con vehemencia.

Las razones esgrimidas por el ejecutivo uruguayo para legalizar la marihuana son conocidas en el país. Combatir el narcotráfico, alejar a los consumidores de marihuana del peligro de las «bocas» de distribución de drogas, facilitarles el consumo de un producto con las máximas garantías sanitarias y separar el mercado del cannabis del de otras drogas más duras son los argumentos más repetidos.

En paralelo, se especula con que Uruguay, bajo el gobierno de José Mujica, ha sido escogido como laboratorio de las grandes potencias mundiales para experimentar un proyecto de regulación de una droga de consumo generalizado.

Alicia prefiere no abundar en las teorías de la conspiración, pero tiene claro que la intención que subyace en el texto legislativo trasciende los límites del país. «Buscan crear un mercado totalmente regulado de la marihuana. Quieren que el cannabis se convierta en un nuevo «commodity», un bien de uso con el que las empresas comercien y se cotice en la Bolsa. Detrás de la ley hay unas motivaciones económicas«, señala. Por eso prefiere hablar de «usuarios» y no de «consumidores», que es el rol supremo que el sistema capitalista otorga a los individuos.

La planta mágica

 

Muestra de productos derivados del cannabis

«En cinco o diez años, todo el Cono Sur estará sembrado de cáñamo».

Fabrizio Giamberini, fundador de The Latin American Hemp Trading

«América se descubrió gracias al cáñamo».  Así comienza el periodista uruguayo Guillermo Garat su libro Marihuana y otras yerbas, un ensayo sobre la prohibición y regulación del cannabis en Uruguay a lo largo de diferentes épocas. La planta del cáñamo, a partir de la cual se elaboraban, entre otros productos, las cuerdas de las velas de los primeros barcos que llegaron al Nuevo Mundo, fue condenada siglos después al ostracismo por su asociación con una droga fuertemente perseguida por leyes prohibicionistas: la marihuana.

Con la entrada en vigor de la ley que regula la producción y distribución de cannabis en Uruguay, no sólo se legisla acerca del consumo recreativo de marihuana: también se abre la puerta a la recuperación del cultivo de la planta del cáñamo, un nuevo filón para una industria casi tan antigua como el mundo.

Replanteo

Corría el año 2006. Uruguay vivía el segundo año de gobierno del Frente Amplio, tras la histórica victoria electoral de Tabaré Vázquez, que puso fin a la alternancia de los dos partidos tradicionales que hasta entonces se habían disputado el poder en el país. El gobierno de izquierdas auguraba cambios, pero todavía en aquel entonces la liberalización del cultivo de marihuana se antojaba un ideal remoto, representado por los movimientos sociales, pero alejado aún de la agenda política.

Fue en aquel año cuando Fabrizio Giamberini, un empresario uruguayo interesado en los usos industriales del cáñamo, obtuvo la autorización del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Uruguay (INIA) para instalar la primera plantación experimental de cannabis  del país.

No era una tarea fácil ya que, en aquel momento, la legislación uruguaya no distinguía entre los diferentes tipos de cannabis. «Las plantas que emplea la industria del cáñamo son variedades sin THC (tetrahidrocannabinol). Se obtienen mediante cruzas de diferentes genéticas de la planta, que por un proceso de selección natural derivan en plantas no psicoactivas», puntualiza el empresario.

Para convencer al Estado uruguayo de que el cannabis tenía usos distintos al recreativo, y de que la planta por sí sola no constituía una droga, Giamberini se reunió con agentes políticos para promover diferentes protocolos que generasen un cambio legal. Si se quería crear un mercado del cáñamo en Uruguay, era necesario obtener «variedades de cannabis industrial certificadas», y establecer «mecanismos de control y muestreo» para garantizar que las plantas no fuesen destinadas al mercado de la droga.

En mitad de este proceso, Giamberini se encontró con una realidad inesperada: los movimientos a favor de la legalización del cultivo de marihuana comenzaban a ganar fuerza. Las manifestaciones públicas pidiendo un cambio de rumbo en la legislación sobre el cannabis eran cada vez más frecuentes y numerosas, y el poder político parecía dispuesto a escuchar las reivindicaciones. Era el caldo de cultivo de un proyecto de ley que acabaría germinando en el invierno de 2013.

El viento soplaba a favor, y el visionario Giamberini se decidió a crear la primera empresa especializada en el cultivo de cáñamo con fines industriales en toda Sudamérica: The Latin America Hemp Trading (The LAHT), una compañía pionera en el sector y radicada en Uruguay.

Mi casa, mis normas

Un momento de la reunión de autocultivadores en un bar del centro de Montevideo.

Con la regulación, los cultivadores nos sentimos «casi» amparados por la ley.

A pesar de que, hasta hace poco más de medio año, cultivar marihuana constituía una actividad ilegal, las plantaciones domésticas de cannabis en Uruguay tienen décadas de historia. Los años del prohibicionismo han impedido crear un censo de autocultivadores, pero se calcula que fue  a partir de la década de 1980, con el fin de la dictadura en el país (1973-1985), cuando brotaron las primeras cosechas autónomas y clandestinas.

En cada maceta, además de la semilla, se sembraba también la paranoia: el temor a ser descubiertos, a ser multados, a ser detenidos o encarcelados, aderezado con el miedo a las denuncias o los prejuicios de los vecinos. Las plantas crecían a escondidas, generalmente en cultivos de interior, o en los raros exteriores discretos y a salvo de las miradas ajenas.

La regulación de la marihuana en Uruguay, aprobada a finales del pasado año, supuso un cambio en las reglas del juego. El decreto reglamentario permite a los ciudadanos uruguayos mayores de edad plantar marihuana destinada al consumo recreativo y personal, con un máximo de seis plantas por cada casa-habitación, y una cosecha anual no superior a los 480 gramos.

Con este nuevo marco, los autocultivadores de cannabis se ven «casi amparados» por la ley. Algunos de ellos, reunidos en un bar del centro de Montevideo, hacen hincapié en este «casi». «Es obligatorio registrarse como cultivador, registrar las semillas que tienes, y el Estado pretende controlar cuántas plantas tienes y cuánto cosechas cada año. Parece que lo que se intenta desde el gobierno es desestimular el autocultivo«, afirma Martín, un estudiante de Antropología de 22 años que lleva plantando desde los 17.

Martín duda acerca de si esta obligación de registrarse salvaguarda al cultivador y lo blinda a nivel legal, o por el contrario lo expone, al señalarlo como un consumidor de determinada droga. «Eso de saber quién consume y quién no, de ir casa por casa contando cuántas plantas hay, recuerda un poco a la teoría del panóptico de Foucault, del control y la vigilancia de la sociedad», señala.

Registrarse como cultivador doméstico excluye además la posibilidad de pertenecer a un club de membresía o aprovisionarse de marihuana a través de las farmacias, que son las otras dos vías legales de acceso a la sustancia que establece la ley. Se especula con la posibilidad de que haya un «período ventana» de tres meses desde que un usuario se da de baja en un registro -por ejemplo, como cultivador-, hasta que pueda darse de alta en otro -como miembro de un club o cliente en la farmacia-.

«¿Y durante esos tres meses, si se quiere consumir marihuana, qué ocurre? ¿Se vuelve a recurrir al mercado negro?». La pregunta queda en el aire. Y se suman más interrogantes.

«¿Y qué pasa si te registras como autocultivador, y de repente tus plantas se enferman, agarran un hongo, una botritis, o se infestan de una plaga de hormigas…? ¿Te quedaste sin cosecha y ya no puedes consumir?», se cuestiona otro de los asistentes a la reunión.

Otro de los puntos flacos de la legislación es, a juicio de estos cultivadores, que el límite legal de plantas sea por casa-habitación y no por persona. «En mi casa convivimos nueve personas. Con seis plantas no da para todos, ni qué hablar si alguna de las plantas tiene problemas y no sirve para cosechar», lamenta Martín.

Libertades en crecimiento

Miembros del club cannábico CLUC, reunidos en asamblea

Es necesario establecer diálogos entre los diferentes clubes cannábicos para presentar demandas conjuntas al Estado.

Gustavo, miembro del club cannábico CLUC

 

Son las cuatro de la tarde y una espesa niebla cubre los tejados del centro de Montevideo. Bien arropada por el invierno austral, la ciudad enfrenta una anómala primavera en pleno mes de julio: la de los nacientes clubes cannábicos, que comienzan a germinar en la capital y en otros puntos del país, al calor de la ley aprobada en diciembre de 2013 y reglamentada a comienzos de mayo.

El citado reglamento, que por el momento sólo afecta al cannabis con fines de consumo recreativo, autoriza «la plantación, cultivo y cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo realizados por clubes de membresía para el uso de sus miembros». Los clubes tendrán entre 15 y 45 miembros, todos ellos mayores de edad y ciudadanos o residentes permanentes en Uruguay.

Integrante de CLUC repasa el texto del acta fundacional del club

Siguiendo estos criterios, en las últimas semanas se han inscrito ante el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo varios clubes cannábicos, bajo la forma de «asociaciones civiles» que exige la ley. Como tales, han presentado todos los requerimientos: actas fundacionales, documentos de sus asambleas, estatutos de la asociación… Una nebulosa burocrática en la que el club CLUC (Cultivando Libertad Uruguay Crece) ha sido uno de los pioneros.

«Proponemos un modelo participativo, innovador y viable«, expone durante una asamblea Martín, uno de los miembros del club, minutos antes de partir con algunos de los libros de registro bajo el brazo. «Son para unos compañeros que están montando otra asociación en el Cerrito de la Victoria, en Montevideo. Vamos a mostrárselos para que vean el proceso que seguimos nosotros», explica.

El asesoramiento a otros grupos y la comunicación entre las diferentes asociaciones cannábicas serán fundamentales en esta fase de germinación del movimiento. Hay quien plantea crear pronto una federación de clubes cannábicos uruguayos, que unifique todas sus demandas y sirva de altavoz frente a los interlocutores gubernamentales.

«Por supuesto que cada club va a gestionarse de manera autónoma. Nosotros proponemos un modelo participativo, horizontal, donde todos los miembros colaboran en las tareas y no tenemos jerarquías. Esto influye, por ejemplo, en que las cuotas mensuales que debe pagar cada miembro sean menores», comenta Gustavo, otro de los participantes en la reunión.

En efecto, las aportaciones que propone CLUC a sus 45 miembros son de alrededor de 650 pesos uruguayos -unos 27 dólares- al mes. Otras organizaciones, como la Asociación de Estudios Cannábicos de Uruguay (AECU), que también ha registrado un club cannábico, propone una cuota de inscripción de alrededor de 300 dólares, más un pago mensual de 1.500 pesos uruguayos (64 dólares).

El pago de la cuota dará derecho a los miembros de las asociaciones a recibir un máximo de 40 gramos mensuales de la marihuana que se cultive en el club, así como a participar en las actividades que se organicen. Pero, además, comportará ciertos deberes.

Un nuevo miembro de CLUC añade sus datos al registro

«Pertenecer a una asociación civil también supone compromisos con las tareas a desarrollar. Hay que insistir en la participación de todos los integrantes, y como mínimo habrá una reunión general cada mes en la que estén presentes todos los miembros para la toma de decisiones en asamblea», comenta otra de las participantes.

De momento, la disposición de los miembros de CLUC para el trabajo es buena, y la mayor parte de ellos se han anotado para formar parte de una o más comisiones internas: de comunicación, producción de la planta, formación, investigación y hasta planificación de actividades lúdico-recreativas. Y los presentes en la asamblea no dejan de añadir propuestas.