Raíces y sombras

La activista cannábica Alicia Castilla.
La activista cannábica Alicia Castilla.

“La regulación de la marihuana en Uruguay es una traición a las reivindicaciones del movimiento cannábico. Se han perdido derechos conquistados a cambio de 40 gramos al mes”.

Alicia Castilla, activista cannábica

Innovador y aplaudido por voces reconocidas a escala internacional, el proceso de regulación de la marihuana en Uruguay despierta recelos entre algunos activistas cannábicos. Para muchos de ellos, resulta sospechoso el interés de las grandes potencias por apoyar una legislación que consideran sumamente restrictiva. Los últimos mensajes gubernamentales, a veces confusos e incluso contradictorios, alimentan las sombras en torno al naciente proceso, que las voces más críticas vigilan con lupa.

“Tal y como está hoy, la ley de la marihuana en Uruguay es impracticable“. Una afirmación rotunda que sale de la boca de la activista cannábica argentina Alicia Castilla. En su contundente manera de hablar se adivinan los años dedicados a la lucha por la liberalización de las drogas, los estudios que la llevaron a publicar la considerada como “Biblia” del movimiento cannábico y la persecución a la que se ha enfrentado. En 2011, Alicia fue encarcelada durante tres meses en una cárcel uruguaya por posesión de drogas. Tenía 66 años, y en su casa había cerca de 30 plantines de marihuana.

A pesar de que la nueva ley ya lleva en vigor varios meses, Alicia advierte de que “no ha habido cambios” para quienes mantienen condenas pendientes en relación con la tenencia de marihuana. El proceso de regulación del cannabis, a su juicio, ha estado plagado de lagunas y continúa aún envuelto en la bruma y lastrado por la improvisación del Gobierno uruguayo.

“Las decisiones se han tomado al margen de los usuarios y con un absoluto desconocimiento de la sustancia y de sus efectos. Las voluntades no han sido consultadas. La ley esconde algo muy oscuro, un interés que no es el que se ha proclamado”, asegura con vehemencia.

Las razones esgrimidas por el ejecutivo uruguayo para legalizar la marihuana son conocidas en el país. Combatir el narcotráfico, alejar a los consumidores de marihuana del peligro de las “bocas” de distribución de drogas, facilitarles el consumo de un producto con las máximas garantías sanitarias y separar el mercado del cannabis del de otras drogas más duras son los argumentos más repetidos.

En paralelo, se especula con que Uruguay, bajo el gobierno de José Mujica, ha sido escogido como laboratorio de las grandes potencias mundiales para experimentar un proyecto de regulación de una droga de consumo generalizado.

Alicia prefiere no abundar en las teorías de la conspiración, pero tiene claro que la intención que subyace en el texto legislativo trasciende los límites del país. “Buscan crear un mercado totalmente regulado de la marihuana. Quieren que el cannabis se convierta en un nuevo “commodity”, un bien de uso con el que las empresas comercien y se cotice en la Bolsa. Detrás de la ley hay unas motivaciones económicas“, señala. Por eso prefiere hablar de “usuarios” y no de “consumidores”, que es el rol supremo que el sistema capitalista otorga a los individuos.

Libertad o control

La ley actual también va más allá de las reivindicaciones tradicionales del movimiento cannábico. Una vez despenalizado el consumo, los activistas pedían poder plantar marihuana en paz, legalizar el autocultivo como alternativa al narcotráfico y dejar de castigar a quienes tenían una plantación doméstica con severas penas de prisión.

“La legislación superó las expectativas del movimiento social. Y ahora es ése movimiento social el que está monitoreando todo el proceso de regulación”, relata el periodista Guillermo Garat, que resiguió los vaivenes entre prohibicionismo y legalización del cannabis en Uruguay a lo largo de su historia como país, y los resumió en su ensayo “Marihuana y otras yerbas”. Garat fue el único periodista que pudo acceder a entrevistar a Alicia Castilla mientras ella se encontraba presa.

“La ley ha supuesto una traición a las reivindicaciones del movimiento cannábico”, opina Alicia Castilla. “Ha habido una cesión de los derechos conquistados. Por ejemplo, aceptar ser registrado en un censo de consumidores, cultivadores o clubes es renegar de los derechos a la privacidad. Además, no sabemos cómo estará de protegido ese registro ante un eventual cambio en el gobierno”.

La activista critica duramente la injerencia del Estado en una cuestión privada, como el uso de una sustancia. “Los Estados buscan controlar a los individuos a través de aquello que les proporciona placer”, sentencia. “Y se extralimita en sus funciones. Quiere controlar cuánto puede fumar cada individuo al mes, racionar su consumo. Pero no le compete al Estado caracterizar cuándo se está o no enfermo, o cuándo se tiene un problema con el uso de drogas”.

El antropólogo Daniel Vidart.
El antropólogo Daniel Vidart.

A su lado, su pareja, el antropólogo uruguayo Daniel Vidart, lamenta la arbitrariedad del poder.  “Es el poder establecido el que decreta lo bueno y lo malo, el que prohíbe y castiga determinados consumos conforme a sus intereses ocultos”, dice Vidart.

En efecto, y como también se señala en el libro de Garat, países como los Estados Unidos de América, que marcaron las políticas sobre drogas a nivel mundial, oscilaron durante todo el siglo XX entre la prohibición y la promoción del consumo de drogas como el alcohol, la cocaína, el tabaco o el café.

“Las drogas se fueron prohibiendo como una manera que tenía el Estado de ejercer un control moral sobre la población. Los gobiernos controlaban el cuerpo de los ciudadanos para convertirlos en seres favorables al trabajo”, explica Garat.

La teoría recuerda de manera inquietante al Gran Hermano de Orwell o a los consumidores de “soma” de “Un mundo feliz”, pero lo cierto es que fueron los Estados quienes decretaron qué drogas eran aceptadas y cuáles eran peligrosas. Fue una tendencia que se impuso en todo el mundo. Uruguay persiguió el cultivo y consumo de marihuana a rebufo del prohibicionismo de los países dominantes, como un residuo del post-colonialismo y una consecuencia de su dependencia económica y cultural con Europa, según Garat.

El paso que da Uruguay desde un modelo prohibicionista a un control total de la cadena de producción y distribución del cannabis implica, en opinión del periodista uruguayo, una inversión de los roles tradicionales entre el norte que impone y el sur que dispone.

“Latinoamérica fue el lugar donde se experimentó con una ‘guerra contra las drogas’, que es más que evidente que ha fracasado. Por primera vez, los países de América Latina, que son clave en materia de drogas, imponen sus propias condiciones sobre el tema”, recalca.

Desde su punto de vista, Uruguay es el terreno propicio para ensayar una nueva política de drogas por “su estabilidad como país, la baja percepción de la corrupción de sus gobernantes, los últimos avances sociales y la menor dependencia que tiene su economía con respecto a las drogas”, sobre todo si se lo compara con otros países como Colombia o México.

Teniendo en cuenta estos factores, tal vez la regulación de la marihuana en Uruguay suponga un modelo exportable para otros países. Es una perspectiva desalentadora para Alicia Castilla. “Ojalá Uruguay no se convierta en el ejemplo a seguir”, expresa. “En los términos en los que está planteada, la ley uruguaya busca generar beneficios económicos, y frenar el activismo a escala internacional”.

Señala que “existe un clamor mundial, con manifestaciones multitudinarias, a favor de la liberación de la marihuana, pero no pidiendo por su regulación”. Cree que la ley uruguaya ha sacrificado el “pleno derecho al consumo de drogas” de los ciudadanos.

“Cuando le preguntas a alguien por qué fuma, te dice que lo hace para sentirse mejor. Todo consumo es entonces terapéutico, y la ley nos está privando del libre ejercicio de este derecho, estableciendo tantos límites que no se deben traspasar. No creo que sea un avance”.

En lo que parecen coincidir ensayistas, activistas, cultivadores y consumidores es en que aún es temprano para evaluar los efectos y las consecuencias de una legislación no exenta de polémica, de posibles fallos y de potenciales dudas. Como con toda transformación profunda, el tiempo y la perspectiva servirán para analizar el proceso de cambio que ha germinado en Uruguay.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s