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Mi casa, mis normas

Un momento de la reunión de autocultivadores en un bar del centro de Montevideo.
Un momento de la reunión de autocultivadores en un bar del centro de Montevideo.

Con la regulación, los cultivadores nos sentimos “casi” amparados por la ley.

A pesar de que, hasta hace poco más de medio año, cultivar marihuana constituía una actividad ilegal, las plantaciones domésticas de cannabis en Uruguay tienen décadas de historia. Los años del prohibicionismo han impedido crear un censo de autocultivadores, pero se calcula que fue  a partir de la década de 1980, con el fin de la dictadura en el país (1973-1985), cuando brotaron las primeras cosechas autónomas y clandestinas.

En cada maceta, además de la semilla, se sembraba también la paranoia: el temor a ser descubiertos, a ser multados, a ser detenidos o encarcelados, aderezado con el miedo a las denuncias o los prejuicios de los vecinos. Las plantas crecían a escondidas, generalmente en cultivos de interior, o en los raros exteriores discretos y a salvo de las miradas ajenas.

La regulación de la marihuana en Uruguay, aprobada a finales del pasado año, supuso un cambio en las reglas del juego. El decreto reglamentario permite a los ciudadanos uruguayos mayores de edad plantar marihuana destinada al consumo recreativo y personal, con un máximo de seis plantas por cada casa-habitación, y una cosecha anual no superior a los 480 gramos.

Con este nuevo marco, los autocultivadores de cannabis se ven “casi amparados” por la ley. Algunos de ellos, reunidos en un bar del centro de Montevideo, hacen hincapié en este “casi”. “Es obligatorio registrarse como cultivador, registrar las semillas que tienes, y el Estado pretende controlar cuántas plantas tienes y cuánto cosechas cada año. Parece que lo que se intenta desde el gobierno es desestimular el autocultivo“, afirma Martín, un estudiante de Antropología de 22 años que lleva plantando desde los 17.

Martín duda acerca de si esta obligación de registrarse salvaguarda al cultivador y lo blinda a nivel legal, o por el contrario lo expone, al señalarlo como un consumidor de determinada droga. “Eso de saber quién consume y quién no, de ir casa por casa contando cuántas plantas hay, recuerda un poco a la teoría del panóptico de Foucault, del control y la vigilancia de la sociedad”, señala.

Registrarse como cultivador doméstico excluye además la posibilidad de pertenecer a un club de membresía o aprovisionarse de marihuana a través de las farmacias, que son las otras dos vías legales de acceso a la sustancia que establece la ley. Se especula con la posibilidad de que haya un “período ventana” de tres meses desde que un usuario se da de baja en un registro -por ejemplo, como cultivador-, hasta que pueda darse de alta en otro -como miembro de un club o cliente en la farmacia-.

“¿Y durante esos tres meses, si se quiere consumir marihuana, qué ocurre? ¿Se vuelve a recurrir al mercado negro?”. La pregunta queda en el aire. Y se suman más interrogantes.

“¿Y qué pasa si te registras como autocultivador, y de repente tus plantas se enferman, agarran un hongo, una botritis, o se infestan de una plaga de hormigas…? ¿Te quedaste sin cosecha y ya no puedes consumir?”, se cuestiona otro de los asistentes a la reunión.

Otro de los puntos flacos de la legislación es, a juicio de estos cultivadores, que el límite legal de plantas sea por casa-habitación y no por persona. “En mi casa convivimos nueve personas. Con seis plantas no da para todos, ni qué hablar si alguna de las plantas tiene problemas y no sirve para cosechar”, lamenta Martín.

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